Cambridge AnalyticaProtección de denunciantes: indispensable para garantizar la transparencia. Panama Papers. Luxleaks. Púnica. Gürtel. Palau. Los escándalos causados por la falta de transparencia muestran que los denunciantes pueden desempeñar un papel importante en descubrir actividades que dañan el “interés público y el bienestar de nuestros ciudadanos y la sociedad”. Así es como la Comisión Europea explica el razonamiento detrás de su propuesta de nuevas normas para proteger a los denunciantes.

Los denunciantes valientes se celebran cada vez más. Los que se suman para luchar contra la mala conducta y el comportamiento poco ético, como el acoso sexual durante la campaña #MeToo, están teniendo un impacto significativo en el cambio de comportamiento en todo el mundo. Nombres como Antoine Deltour, John Doe, Chris Wylie y Sherron Watkins se han hecho muy conocidos y se los recordará durante mucho tiempo como héroes denunciantes. En España hay más ejemplos: Ana Garrido, Luis Gonzalo Segura, Azahara Peralta y Joan Linares.

Sin embargo, la mala conducta, con demasiada frecuencia, no se identifica internamente, y en su lugar termina siendo expuesta en el dominio público, causando estragos en la reputación de una organización. ¿Pero por qué? La razón principal es que la mayoría de las personas son reacias a hablar dentro de su organización. El temor a las represalias y la inaccesibilidad de las personas adecuadas que necesitan información sobre la mala conducta son factores importantes que mantienen a las personas en silencio dentro de las empresas y las autoridades gubernamentales. Otra razón es la renuencia a alentar los informes internos por parte de la administración de la organización, por temor a que las personas denuncien de mala fe. Sin embargo, ni siquiera el miedo puede evitar la filtración de información acerca de las malas conductas.

Es por eso que ofrecer un espacio seguro para que los empleados u otras partes interesadas hablen sobre un conflicto de intereses u otras irregularidades es una parte vital de la estrategia a largo plazo de cualquier organización. Como lo demuestra la investigación sobre los beneficios de un clima empresarial transparente, los denunciantes juegan un papel importante.

En 2017, la Comisión Europea publicó el informe “Estimating the economic benefits of whistleblower protection in public procurement (Evaluación de los beneficios económicos de la protección de denunciantes en la contratación pública)”. El informe afirma que existe un fuerte argumento económico para la protección de denunciantes. En todos los países estudiados, se descubrió que las ganancias potenciales de la recuperación de fondos públicos mal utilizados excedían los costos de establecer y mantener dichos sistemas en el área de la contratación pública. Como ejemplo, en Irlanda, la relación de beneficios potenciales a costos varió de 1.4: 1 a 2.3: 1 (El costo de recuperación es del doble del costo del mantenimiento del sistema), mientras que en Rumania varió de 319: 1 a 532: 1 (El costo de recuperación llega hasta quinientas veces el costo del mantenimiento del sistema).

Si bien cada vez más organizaciones se están movilizando para facilitar la denuncia de irregularidades y proteger a los denunciantes de las represalias, el principal impulsor del cambio es la legislación. A finales de abril de 2018, la Comisión Europea propuso nuevas normas a escala de la UE destinadas a proteger a los denunciantes. La propuesta de la CE incluye una obligación para las organizaciones de implementar canales seguros para informes internos. Las empresas con más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros tendrán que establecer un procedimiento interno para manejar los informes de denunciantes. Todas las administraciones estatales y regionales y los municipios con más de 10 000 habitantes también estarán cubiertos por la nueva propuesta. (Lea nuestra publicación anterior para un análisis más extenso de la propuesta Directiva de Protección de Denunciantes). Además, el proyecto de informe del Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo sobre la propuesta para la Directiva de Protección de Denunciantes establece que “los dispositivos para las denuncias, incluyendo las denuncias anónimas, deberán ser implementados y las denuncias anónimas no podrán ser prohibidas”. Esta es una buena noticia en nuestra opinión.

En el caso de España, todavía hay trabajo por hacer para garantizar la protección del denunciante. El grupo parlamentario de Ciudadanos ya presentó una proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes que está en fase de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Sin embargo, hoy en día sigue siendo incierto proporcionar el derecho de anonimato a los denunciantes en España, lo que limita en gran medida los derechos del denunciante, especialmente si temen represalias. Por lo tanto, todavía hay demandas de una mayor protección para denunciantes de irregularidades y delitos, para que se lleven a cabo investigaciones y para que se permitan denuncias anónimas. Una vez que se acepte la propuesta europea para proteger a los denunciantes, es de esperar que España pueda cerrar la brecha actual.

Creemos que para establecer un sistema confiable de denuncia de irregularidades, cualquier organización necesita asegurarse de que:

  • el sistema es fácil de usar y el denunciante puede elegir ser anónimo;
  • se aplica el nivel de privacidad de datos más alto posible para proteger la información sensible y los datos personales (cumplimiento RGPD);
  • la organización y el proceso de manejo de casos está claramente definido y se utiliza la experiencia externa necesaria;
  • el sistema y todos los procesos cumplen con el RGPD y otras leyes aplicables;
  • el sistema está bien comunicado e implementado.

 

Representante de cuenta para España

Claudio Interdonato es un consultor experimentado en Gestión Estratégica, Gobierno Corporativo, Conformidad y Mejoras Organizacionales.

Contacto: + 33 6 27 83 57 82   
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